Investigación: El Gobierno provincial apunta contra un dirigente social por la mercadería
El Gobierno provincial busca tomar participación como querellante en la causa judicial que investiga el hallazgo de unos 5.200 kilos de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social en una casa de Manantial Sur.
Por orden del gobernador, Osvaldo Jaldo, la Fiscalía de Estado que a cargo de Gilda Pedicone elevó un escrito a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal para solicitar que se le otorgue rol de querellante en contra de un dirigente barrial por “los presuntos delitos de peculado, fraude en perjuicio de la administración, asociación ilícita y otros que pudieran surgir en la investigación”.
Ante la prensa, Jaldo expresó que el caso está bajo la órbita de la Justicia, pero puso énfasis en la importancia de “determinar los responsables, caiga quien caiga”. “Somos los más interesados que se esclarezca lo antes posible”, indicó el mandatario.
El planteo judicial, redactado por el abogado José María Molina como apoderado legal del PE, expresa que el objetivo de la petición es “poder ejercer todas las atribuciones” que brindaría actuar como querellantes, con el fin de “acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal de las personas acusadas por la presunta comisión de ilícitos”.
En el apartado de hechos, el escrito del gobierno remite a los sucesos que derivaron en el secuestro de los alimentos, comenzando por la denuncia por violencia de género que dio lugar a un allanamiento en el barrio 2.500 Viviendas, Manantial Sur. Luego, el texto menciona el hallazgo de diversos comestibles, con el detalle de que en las cajas de leche en polvo se leía la etiqueta: “prohibida su venta”.
Según los argumentos del Poder Ejecutivo, la legitimación del Estado para intervenir en esta causa judicial está justificada en distintas razones. “Estos bienes (por la mercadería) no solo forman parte del patrimonio estatal, sino que además su destino estaba claramente fijado para la atención de necesidades sociales específicas”, indica el escrito. Además, se menciona la defensa del interés público como función del Estado. “La sustracción de bienes destinados a sectores vulnerables constituye una violación no solo del patrimonio estatal, sino también de los derechos sociales más básicos”, añade el escrito. Además, alude al artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, referido a la obligación de garantizar el bienestar de la población.
En el escrito judicial, el gobierno puso el foco en un dirigente social que ya había sido mencionado en el expediente. Su identidad surgió porque, en el operativo que derivó en el secuestro de los alimentos, los efectivos de la seccional 15° se incautaron de una orden de entrega de alimentos que llevaba su nombre y DNI. El listado consignado en ese remito incluye 216 unidades de productos que componen los módulos alimentarios del gobierno (aceite de girasol, arroz, azúcar, fideos, harina de trigo, lentejas, puré de tomates y yerba”. En el recibo, sellado el 20 de noviembre pasado en el centro de logística de Hacha de Piedra, se indica como beneficiario al Movimiento Provincial Tucumán (MPT), con domicilio -según el Gobierno- en Alderetes. Un dato que llamó la atención de los investigadores, además de las anotaciones propias de la comercialización, es que en el lugar había mucha más comida que la indicada en el remito. Por ello, en el gobierno no descartan que se haya tratado de un acopio de al menos dos organizaciones barriales.
La Gaceta
